Por: Omar E. Núñez - Periodista y fotógrafo.-
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que todo ser humano debe poseer y ejercer con completa libertad. Marcado bajo las primeras discusiones acerca de estas garantías, hace dos siglos atrás, en 1798, con la Declaración del Hombre y del Ciudadano, para ser exactos, es que comienza a consagrarse este derecho como pilar de una democracia socialmente funcional. Tiempo más tarde, en diciembre de 1948 se establece bajo el Artículo 19º en la Declaración de los Derechos Humanos lo siguiente:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirla, sin limitaciones de fronteras por cualquier medios de expresión"
Muchos otros instrumentos internacionales, cómo el Pacto San José, o la Organización de Estados Americanos (OEA), establecieron no solo que el derecho a la libre expresión debía ser y manifestarse en cada uno de los pobladores de las sociedades modernas, sino que éste constaba de una segunda esfera que se valía de la necesidad de todo individuo a la réplica y la recepción de opiniones, así como al libre acceso a toda información de su interés.
En México, la libertad de prensa, inspirada con anterioridad en el Decreto sobre la Libertad Política de la Imprenta, de Fernando VII, en la isla de León en 1810, vio sus orígenes en el Derecho Constitucional para la América Mexicana, redactada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, en donde bajo el Artículo 40º se estipulaba que:
“ La libertad de hablar, de discutir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque al dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos…”
A su vez y diez años más tarde, la Constitución Política Federal del 4 de octubre de 1824 instituye, bajo los artículos 50 y 161, la libertad de imprenta y ordena al congreso “proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación” Por su parte la Constitución Centralista de 1836 (Las Siete leyes), en su Primera Ley, Artículo 2º fracción VII establecía:
“son derechos del mexicano, el poder imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sus ideas políticas. Por los abusos de este derecho se castigará a cualquiera que sea culpable de ellos, y así en esto como en todo lo demás, quedan estos en la clase de delitos comunes, pero con respecto a las penas, los jueces no podrán excederse de Las que imponen las leyes de imprenta.”
Sin embargo no fue sino hasta los debates del Congreso Constituyente de 1856-1857 cuando el tema de la libertad de prensa pasa a tomar relevancia verdaderamente significativa en el panorama social. Así pues la libertad de imprenta se establece en la constitución de 1857 bajo el Artículo 7º.
A pesar de todos estos actos en defensa de un periodismo realmente funcional en nuestra sociedad, México se ha visto envuelto en conflictos de intereses y ataques a los medios de comunicación masivos en los que la libertad de prensa resulta más un derecho antagónico entre estado y sociedad que un reconciliador y hacedor de avances sociales y culturales por exigencia social; pareciera más un enemigo público que un bien el cual tuviese que maximizarse y compartir a la accesibilidad general.
La libertad de prensa confluye en una garantía de la cual no se puede separar la diversidad cultural y el nivel educacional de los habitantes de una comunidad, la regulación de que es lo que se debe publicar y la selección de cada uno de los contenidos se debe dar en un marco de diversidad cultural e idiosincrasia nacional, además que debe buscar ser dentro de un marco legislativo en el que se reconozca ampliamente el cambiante contexto de la sociedad pues así impulsaríamos la publicación de contenidos eyectores de nuevas corrientes y pensamientos populares. Se debe también rescatar la idea de que el Estado necesita participar dentro de la obligación de educar a sus ciudadanos en la comprensión e interpretación de los contenidos e informaciones que se dan día con día en los medios. Esto para evitar que los informados caigan en un desapego cultural e informacional que cuarte la eficacia de la libertad de prensa, así como también el hecho de dotar al ciudadano y a las sociedades de la nación de una libertad de prensa y expresión superior a otras, fomentando la informada, educada y libre participación ciudadana bajo una esfera de colaboración productiva.
Es por efecto sabido que una libertad de expresión debidamente protegida y ejercida de manera inteligente y responsable deducen en una comunidad con altas expectativas de evolución social. En un ejemplo palpable vemos a Canadá, un país socialmente y económicamente estable en donde la libertad de prensa es una de las más protegidas a nivel mundial, obteniendo una calificación de nueve puntos sobre diez bajo el tema de la libertad de prensa que se ejerce en el mundo. En cuanto a México, si es que en este momento decidiéramos someterlo bajo este mismo rigor evaluativo obtendríamos hasta el 2014 un promedio alarmante de 6.1; otorgando un panorama desolador al periodismo mexicano en el que, actualmente, se agrede a la libertad de prensa cada doscientas sesenta y cuatro horas.
Panoramas como este nos hacen pensar en la imposibilidad de un periodismo realmente independiente al menos en nuestro país, y es que cuando los periodistas y medios de comunicación viven bajo el yugo de un sistema autoritario en el que en la última década se han asesinado a más de 80 periodistas y desaparecido a más de 15, el deber de informas se convierte en una actividad de altísimo riesgo; sembrando miedo, desesperanza y hartazgo en cada uno de los comunicadores. Y es que no solo el crimen organizado ha sido participe de estos ataques sino que en muchas otras ocasiones, las entidades gubernamentales han sido las principales oficiadoras de cientos de campañas de odio y atentados hacia medios impresos, de radio y televisivos que han publicado contenidos “incomodos” a sus intereses propiamente individuales. Tal es el caso ocurrido a inicios del año 2013, en San Luis Potosí, en donde varios periodistas del diario Pulso fueron víctimas de una “campaña de odio anónimo” en las redes sociales, atribuida al Gobierno del Estado, tras la publicación de textos “incómodos” para el gobierno.
El plano de justicia hacia estas agresiones cometidas en contra de uno de los pilares más importantes para la democratización de un país, no está del todo claro en nuestra sociedad, pues hoy, la impunidad, las instituciones incompetentes y los funcionarios públicos que se deslindan de responsabilidades con la justica social, son varios de los principales obstáculos para la pronta y justa sanción de estos atropellos.
De el Poder de la Prensa y los Favores
El poder de la prensa no solamente es conocido por los que la ejercen sino, por todos los organismos con intereses privados y públicos que han optado por ver al periodismo como un negocio y bajo su propio beneficio, con el fin de crear una imagen pública favorable de sus objetivos ante las masas. En México, tanto el gobierno como el crimen organizado se han convertido en dos de los factores fundamentales en la dirección del país y es de esperarse que en medio de estos dos protagonistas cada vez más violentos, los periodistas y medios de comunicación se vean afectados y agredidos ante el descontento de alguno de ellos de lo que se publique.
En el sistema coludido y corrupto en el que se sumerge la sociedad mexicana hoy en día es visible la existencia de medios de comunicación alcanzados por este régimen autoritarita, medios que han optado por pasar del servicio público al servicio mezquino de los intereses privados, ya sea por cuestiones económicas, de influencia o favoritismos y compañerismos delictivos en pro de un negocio sucio que afecta à la audiencia y beneficia estricta y únicamente a los bolsillos de los involucrado. Denunciar estas prácticas, también dentro del ejercer periodístico debe ser una tarea de obligación para el periodista responsable.
El periodista es uno de los principales eslabones para el desarrollo social y no estar consciente de eso es casi tan grave como ignorar el alcance de sus palabras al momento de publicar.
El periodismo no solo cambia vidas de manera individual sino que su fuerza es tal que es capaz de cambiar la historia a puntos de los que no se tenía imaginación alguna.
El poder del periodismo no tiene otro origen más allá de la cantidad de información que maneja en su andar profesional y ahora en estos tiempos el dominio de las masas está en los organismos mejor informados y con capacidades de conocer el mundo que los rodea.
De sentimientos e intereses.
Informar desde una perspectiva objetiva ha sido uno de los principales tópicos de discusión en los debates del gremio periodístico y es que a pesar de ser una de las principales cosas que nos enseñan en las escuelas de periodismo, con el tiempo, y la experiencia el profesional de la información va cayendo en cuenta de lo realmente difícil que es llegar a tal nivel de publicación y en casos más realistas que la objetividad como tal es prácticamente imposible de obtener, ya sea por los sentimientos e intereses que el periodista involucre en la búsqueda de sus fuentes como la manera en que estos intervienen al momento de escribir y procesar los datos obtenidos. Todos, pero absolutamente todos tomamos partido hacia alguno de los lados conlfictuados en un hecho noticioso, es indiscutible, humano, pues forma parte de nuestra capacidad reflexiva y empática, sin embargo es deber del periodista intentar aislar lo más posible sus propias percepciones a fin de limpiar la información de opiniones apresuradas que debiliten el entendimiento adecuado de lo que se quiere informar.
Aun así no se debe perder la noción y responsabilidad que el periodista posee sobre la educación de la sociedad a la que informa y es que aun que se necesite informar de manera lo más imparcial posible, también debemos ver al periodismo cómo herramienta guiadora de la opinión pública y claro está que para guiar ha de emitirse una postura y hacer que otros la adopten como suya, entonces ¿Dónde queda la objetividad periodística? ¿Es acaso un concepto utópico del que simplemente se hablara en las aulas o foros internacionales de periodismo? O realmente es alcanzable, y es que pretender alcanzar la objetividad absoluta es casi como querer congelar el instante escurridizo que huye.
El mismo hecho noticioso recibe decenas de tratamientos y percepciones diferentes y contrastadas de tantos periodistas como lo aborden. Algunos teóricos como — apuntan a una despersonalización y mediación totalmente imparcial del hecho noticioso, cayendo en la interrogante acerca de la necesidad de la desaparición del “yo” en el periodista.
Esto podría sonar fácil, sin embargo es todo un reto para el periodista.
Cómo lo había escrito en párrafos anteriores, la intención juega un papel importante en la manera en que tratamos la información, en la forma en que elegimos las fuentes y hasta en la manera en que damos o quitamos protagonismo a un involucrado en nuestra nota periodística.
Las intenciones están siempre ahí, algunas de manera parcial, a la vista de los lectores como es en los artículos de opinión y crónicas periodísticas, y otras de manera implícita, casi como un “se me chispoteó” del periodista del que no siempre es consiente.
La intención que un periodista tenga al informar, aun así no debe verse como un enemigo público del ejercer, al contrario, es el principal artífice para crear productos que sean capaces de llegar más allá de su tarea informativa y así poder ahondar en las profundidades de la reflexión personal y crítica del mundo que nos rodea.
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